Un informe de la Agencia Tributaria revela Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, facturó un total de 4,4 millones de euros a través de sus dos empresas a Quirón Prevención entre 2021 y 2023. Se trata de operaciones facturadas por sus empresas Maxwell Cremona y Masterman & Whitaker por supuestos servicios de consultoría estratégica y desarrollo de negocios en Latinoamérica. El juzgado investiga si al menos una de estas empresas facturó al gigante sanitario por trabajos que no podía realizar.
En el documento, al que ha tenido acceso elDiario.es, Hacienda revela que está investigando tanto a Quirón Prevención como a la matriz del grupo Quirón, Helios Healthcare. La Agencia Tributaria solicita al juez Antonio Viejo que suspenda el procedimiento inspector contra ambas al constatar que puede estar relacionado con la causa en la que investiga a González Amador por delitos de corrupción en los negocios y administración desleal. Una petición similar a la realizada sobre Fernando Camino, directivo de esta filial de Quirón.
El informe desglosa el concepto por el que se ha pagado ese dinero a las dos empresas de González Amador: consultoría estratégica y el desarrollo de negocios de Quirón en Latinoamérica. Las cantidades, IVA incluido, se desglosan en 1 millón de euros en 2021, casi 2 millones en 2022 y finalmente 1,4 millones en 2023, los tres años analizados.
Los tribunales mantienen abiertas dos investigaciones penales distintas en torno a Alberto González Amador, su facturación y su relación con este grupo sanitario, cuyos hospitales recibieron casi 5.000 millones de euros de la Comunidad de Madrid entre 2021 y 2024. Por un lado, el comisionista tiene pendiente de juicio la causa por el fraude fiscal de más de 350.000 euros que perpetró, supuestamente, durante la pandemia usando un entramado de facturas falsas. Un caso revelado por elDiario.es y en el que la Fiscalía y la Abogacía del Estado piden tres años y nueve meses de cárcel para el empresario por dos delitos de fraude fiscal.
La segunda acusa abierta contra él, y todavía en fase de instrucción en el juzgado de Antonio Viejo en la Plaza de Castilla de Madrid, tiene que ver con su relación con Quirón Prevención y con uno de sus directivos: Fernando Camino. El juez acaba de encargar a la UCO, después de varios meses con la causa paralizada, un informe sobre las cuentas bancarias del empresario. Esta segunda ramificación del caso investiga si la compra por parte del empresario por medio millón de euros de una sociedad sin apenas valor de la mujer de Camino. Y si no fue una compra sino el pago encubierto de una comisión.
Las investigaciones penales se han solapado con las inspecciones de Hacienda sobre González Amador, Fernando Camino, el grupo Quirón y las empresas de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. En diversos escritos e informes presentados en los últimos días, la Agencia Tributaria ha pedido autorización al juez para suspender sus inspecciones mientras siga la investigación penal para evitar duplicidades y descoordinación. “El resultado de dichas actuaciones inspectoras depende de los hechos que se declaren probados por la Jurisdicción Penal”.
