▲ El economista Rodrigo Echecopar, ex jefe de gabinete del Ministerio de Hacienda de Chile durante el gobierno de Gabriel Borich. n Foto tomada de la cuenta de Facebook del entrevistadoFoto tomada de la cuenta de Facebook del entrevistado
Aldo Anfossi
Corresponsal
Periódico La Jornada
Domingo 26 de abril de 2026, p. 12
Santiago. La semana pasada el presidente chileno, José Antonio Kast, envió al Parlamento un proyecto que, de aprobarse, reducirá en 4 mil millones de dólares –poco más de uno por ciento del producto interno bruto (PIB)– los ingresos fiscales al bajar de 27 a 23 por ciento el impuesto sobre la renta a grandes empresas, en beneficio de unas mil 500 personas (0.001 por ciento de la población) y accionistas de aquéllas.
El autor intelectual del plan y ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, afirmó que pondrá fin a “la decadencia que nos ha acompañado por largos años”, pues devolverá “la competitividad tributaria necesaria para que vuelva a haber inversión” y deje de haber “discrecionalidad funcional.
“Vamos a recuperar ese pleno empleo, porque para nosotros, como lo ha dicho el presidente, la mejor política social, y ojalá algún día sea la única, es el pleno empleo”.
Según el economista Rodrigo Echecopar, quien cursó la maestría en administración pública en el University College de Londres, fue jefe de gabinete del Ministerio de Hacienda durante la administración de Gabriel Boric y militante del izquierdista Frente Amplio, la noción de suprimir toda política social lo retrata todo.
“Demuestra una intención que todos los actores políticos y sociales deben mirar con mucha atención, porque plantear que la única política social debiese ser el pleno empleo, es decir, que iniciativas como la pensión garantizada universal, que es la médula del sistema de pensiones para los sectores más populares en Chile, no debiese existir, o que la gratuidad de la educación superior para los sectores que no tienen los recursos no debería existir, o que entregar 40 mil viviendas al año a los sectores con dificultad para acceder no debiese existir es el verdadero botón de alerta. Aquí se está iniciando un proceso que va a tener un perjuicio fiscal de largo plazo, limitando la capacidad del Estado de impulsar políticas sociales que son importantísimas”, advierte en entrevista con La Jornada.
–¿Es la demostración del ideologismo del proyecto?
–Estoy de acuerdo. Es una frase que refleja una ideología que busca reducir el impuesto a la gran empresa y que conlleva en el mediano plazo una reducción de beneficios sociales importantes.
–¿Dónde se constata ese ideologismo y qué expresa en términos de visión de país?
–La reducción de impuestos es reeditar la receta del chorreo, de que al bajarlos tanto a las grandes empresas como a las personas de más altos recursos se termina agilizando el crecimiento y de alguna manera llega a los sectores medios y populares. El componente ideológico es que se visualiza el crecimiento desde una perspectiva mayoritariamente de reducción de impuestos.
–Hacienda impuso a los ministerios una reducción de tres puntos en los presupuestos. ¿Compensa lo que dejará de recaudarse?
–La respuesta rápida es no. Tres por ciento del gasto público es alrededor de 2 mil 500 millones de dólares, y aquí los costos en el mediano plazo son de 3 mil 500 millones, es decir, uno por ciento del PIB.
–¿Hay riesgo de un mayor endeudamiento público, ahora cercano a 40 por ciento del PIB?
–Esa es una de las preocupaciones que está sobre la mesa. En distintos países ha habido líderes que han planteado una preocupación grande por el déficit fiscal, pero el resultado ha sido una profundización del deterioro fiscal. Y en un país como Chile eso tiene consecuencias sociales, considerando que en general tiene un gasto fiscal bajo, no es un país con un abultado gasto fiscal.
–Pero es un gasto fiscal que tiene un efecto importantísimo en compensar los bajos ingresos de buena parte de la población, ¿no?
–Es un gasto fiscal muy relevante para el bienestar social, enfocado en pensiones, salud, educación, que son las principales carteras en cuanto a gasto público. Y todas esas áreas evidentemente se ven afectadas por una trayectoria de empeoramiento fiscal.
–La oposición, la centroizquierda, más allá de denunciar el proyecto, ¿cómo debería plantearse el trámite legislativo?
–Creo que va a depender de la disposición que tenga el Ejecutivo a dialogar. La oposición lo ha dicho públicamente: están abiertos a conversar sobre una agenda de crecimiento, pero no una agenda ideológica que le entregue un regalo a los más ricos del país, sino una que incorpore y se haga cargo de los distintos desafíos.
