▲ Ulises Lara detalló el modus operandi de la organización.Foto Cristina Rodríguez
Iván Evair Saldaña y César Arellano
Periódico La Jornada
Martes 2 de junio de 2026, p. 11
La red delictiva El Caballito, desmantelada recientemente con la captura de ocho integrantes, entre ellos dos líderes, lavó más de 12 mil millones de pesos mediante facturas falsas emitidas a empresas legales que contrataban sus servicios de “asesoría”, informó ayer el vocero de la Fiscalía General de la República (FGR), Ulises Lara López.
En conferencia de prensa, explicó que la investigación contra la red llevaba al menos tres años, en la que se detectaron operaciones ilícitas y denuncias dispersas que se fueron integrando con trabajo conjunto con el Servicio de Administración Tributaria, la Unidad de Inteligencia Financiera y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
“Era operada por personas físicas que diseñaban y comercializaban mecanismos de evasión… se acercaban a las empresas, les presentaban, como personas físicas, esquemas de comercialización y mecanismos de evasión, y una vez que ofrecían con estas empresas la emisión de facturas, hacían las operaciones falsas para justificar”, detalló.
La organización operaba mediante 15 empresas y asociaciones civiles fachada, cuya razón social no fue revelada, con domicilios en Jalisco, Michoacán, Sinaloa y Quintana Roo. Simulaba servicios de planeación laboral y facturación, redistribuía recursos como “incentivos” y pagos para evadir impuestos, y generaba nóminas falsas con retenciones fiscales aparentes.
La FGR dio a conocer el desmantelamiento de la red el pasado viernes, tras realizar 40 cateos simultáneos en Jalisco, Colima, Quintana Roo, Sonora, Aguascalientes y Michoacán. En el operativo se ejecutaron órdenes de aprehensión contra ocho personas, presuntamente encabezadas por Maikol N y Salvador N.
También aseguraron 21 inmuebles, 14 vehículos y dinero en efectivo: un millón 219 mil 387 pesos, 24 mil 884 dólares, seis mil 120 euros, 106 mil yenes, mil 700 libras esterlinas, 370 soles y mil 50 coronas danesas.
Lara López informó que un juez federal con sede en Michoacán vinculó a proceso a los ocho detenidos. En la audiencia inicial, el Ministerio Público Federal los imputó por expedición de comprobantes fiscales falsos y se les dictó prisión preventiva oficiosa. Por este delito podrían alcanzar hasta nueve años de prisión, pero la FGR busca sumar agravantes.
