La respuesta del Gobierno a la derogación de las leyes de memoria histórica autonómicas suma un nuevo capítulo. El Consejo de Ministros tiene previsto acordar en la reunión de este martes el recurso ante el Tribunal Constitucional de la ley de conocordia de Extremadura, aprobada por PP y Vox el pasado octubre. En línea con la estrategia que ha desplegado contra otras comunidades que han hecho lo mismo, el Ejecutivo recurre a los magistrados para intentar paralizar una ofensiva que comenzó en Aragón en una fecha tan significativa como el 20 de noviembre de 2023, aniversario de la muerte de Franco.
Entonces, las derechas iniciaron la derogación de las leyes autonómicas de memoria y, en muchos casos, su sustitución por las llamadas leyes de concordia, un concepto tras el que reproducen el argumentario revisionista de la extrema derecha y apelan a la “reconciliación” entre españoles. Los pasos atrás consumados en esta materia fueron una de las medidas estrella de los pactos de gobierno de 2023 como exigencia de Vox a cambio de hacer presidentes a varios líderes del PP y se han convertido en moneda de cambio.
En el caso extremeño, la derogación se hizo efectiva el 9 de octubre de 2025 como último pago del PP de María Guardiola a la extrema derecha. Según ha podido saber elDiario.es, el Gobierno interpone ahora el recurso tras culminar el paso previo de negociación en la Comisión Bilateral obligatoria en estos casos y, como en otras ocasiones, reclama la suspensión cautelar mientras el Tribunal Constitucional resuelve. Hace escasos días, el tribunal admitió a trámite el recurso contra la supresión de la memoria en Baleares, con la consiguiente paralización cautelar.
Fuentes del Ejecutivo apuntan a que “existen motivos suficientes de inconstitucionalidad” en la anulación de la ley extremeña por dos motivos: “vulneración de derechos fundamentales” y también “diferencias competenciales” entre el Estado y la comunidad autónoma. “La ley [de concordia] podría vulnerar la dignidad y los derechos de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura franquista porque limita sus derechos, especialmente el derecho a la verdad, la reparación y las garantías de no repetición, reconocidos por el Derecho Internacional”, apuntan las mismas fuentes.
El Gobierno recuerda que la Ley de Memoria Democrática aprobada en 2022 es una norma de rango estatal que establece “el deber de memoria” a todas las administraciones, incluidas las autonomías. En este sentido, sostiene que la nueva ley extremeña “reduce la protección de los derechos reconocidos” por la legislación nacional y las normas internacionales y que, al derogar la de memoria histórica, hace desaparecer “los órganos y mecanismos necesarios para aplicar muchas de las actuaciones en favor de las víctimas”.
El recurso se suma así a la batería de impugnaciones impulsadas por el Ejecutivo de Pedro Sánchez a medida que los gobiernos de PP y Vox han ido desmantelando o reemplazando sus leyes de memoria. Tras Aragón, llegó el turno la Comunitat Valenciana, que aprobó la ley de concordia en un debate en el que el entonces president, Carlos Mazón, recurrió a Miguel Ángel Blanco, asesinado por ETA, para justificarla. Posteriormente el PP de Cantabria se apoyó en Vox para fulminar la ley y cumplir así una promesa electoral propia. La última en hacerlo fue Balears, donde las derechas evocaron a “los asesinados por las hordas rojas” para justificar la decisión.
Una ley que empieza en 1931
En Extremadura, la presidenta María Guardiola había dilatado la decisión frente a la exigencia de Vox por considerar que la extrema derecha pretendía “negar, olvidar y reinterpretar la historia”, pero la popular cambió de opinión cuando el apoyo de los diputados de los de Santiago Abascal fue indispensable para abrobar una rebaja fiscal. Entonces, ambas formaciones registraron un proyecto de ley conjunto que fue aprobado menos de un mes antes de que Guardiola adelantara las elecciones.
Ya sea dejando a las comunidades sin ley o sustituyéndolas por una “de concordia”, tras estas deciciones hay una narrativa que sostiene que la memoria histórica “provoca división y resentimiento” entre españoles. La norma aprobada en Extremadura —y recurrida ahora por el Gobierno— evita condenar el franquismo y lo equipara con la Segunda República, además de adelantar intencionadamente el marco temporal de aplicación y situarlo en 1931 y no en 1936, fecha del golpe de Estado e inicio de la Guerra Civil. Además, incluye a las víctimas del terrorismo perpetrado por “minorías violentas”, según reza el texto.
En ningún momento la ley nombra la sublevación franquista ni la palabra dictadura, sino que alude a un “clima de inestabilidad” y de “exclusión del adversario” durante la Segunda República que provocó que “la conversación pública saltara por los aires entre 1931 y 1936”. Sin mencionar el golpe, el texto prosigue y hace un salto hacia la Guerra Civil, que asegura: “Llevó hasta el paroxismo las dinámicas de enfrentamiento de años anteriores”. La norma solo alude al franquismo para afirmar que “nunca ha habido un relato consesuado” sobre el mismo, a pesar de que la historiografía no duda de la enorme escala de represión sistemática que marcó la dictadura.
