La Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) ha abierto una amplia inspección fiscal a Quirón Prevención, principal pagador de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
La inspección comprende hasta cuatro ejercicios y abarca otros tantos impuestos diferentes, incluyendo los de Sociedades e IRPF. El procedimiento inspector se ha iniciado tras salir a la luz en 2024 el escándalo fiscal de González Amador por defraudar presuntamente al Fisco en los ejercicios 2020 y 2021. Estos dos ejercicios están incluidos en esta inspección a Quirón Prevención, que comprende un periodo en el que el grupo sanitario tenía, además, litigios multimillonarios con la Comunidad de Madrid por los pagos derivados de sus conciertos con la sanidad pública regional.
En sus últimas cuentas anuales, correspondientes al ejercicio 2025 y que la empresa acaba de remitir al Registro Mercantil, la filial de prevención de riesgos laborales del gigante de la sanidad privada, perteneciente al grupo alemán Fresenius, explica que “en el ejercicio 2025, la Administración Tributaria comunicó a la Sociedad la apertura de inspección de los ejercicios 2020 a 2023 del Impuesto sobre Sociedades y del 2021 al 2023 del Impuesto sobre el Valor añadido [IVA] y de las obligaciones de retenciones en IRPF e Impuesto sobre la Renta de No Residentes”.
“Los Administradores de la Sociedad consideran que se han practicado adecuadamente las liquidaciones de los mencionados impuestos, por lo que, aún en caso de que surgieran discrepancias en la interpretación de la normativa vigente por el tratamiento fiscal otorgado a las operaciones, los eventuales pasivos resultantes, en caso de materializarse, no afectarían de manera significativa a las cuentas”, dice el documento, en una fórmula habitual en estos casos. elDiario.es contactó con Quirón para preguntar sobre este asunto, sin obtener respuesta.
Las cuentas anuales de Quirón Prevención reflejan que en 2024 la filial logró un nuevo récord de facturación, al incrementar su cifra de negocios un 9%, hasta 471 millones de euros.
El beneficio de la empresa alcanzó los 56,5 millones, con un ligero descenso respecto al resultado récord de 58 millones alcanzado en 2024. La filial es líder en prevención de riesgos laborales. Con más de 7.000 profesionales, Quirón Prevención da servicio a más de 4 millones de trabajadores y más de 179.000 empresas, según su web.
La filial es desde hace años el principal pagador de la pareja de Díaz Ayuso. González Amador, colaborador externo del grupo para auditorías de calidad, multiplicó sus ingresos de Quirón tras iniciar su relación con la presidenta madrileña. Su consultora Maxwell Cremona declaró en el ejercicio 2024 la mitad de facturación y contrató personal por primera vez tras estallar el escándalo de fraude fiscal que reveló elDiario.es en marzo de ese año.
El empresario y comisionista está pendiente de juicio en el juzgado de lo Penal 19 de Madrid por cometer presuntamente sendos delitos fiscales y de falsificación de documentos en los ejercicios fiscales 2020 y 2021 mediante una trama de facturas falsas para defraudar a Hacienda después de disparar sus ingresos, en parte, gracias a la propia Quirón.
La instrucción de este procedimiento concluyó el pasado septiembre y el juicio todavía no tiene fecha. La pareja de Ayuso llegó a reconocer por escrito esos delitos antes de estallar el escándalo. Luego intentó esgrimir la condena del Tribunal Supremo contra el anterior fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, para librarse de ser condenado por este procedimiento.
González Amador también está siendo investigado por un delito de presunta corrupción en los negocios derivado del pago, a finales de 2020, de medio millón de euros a una empresa de tratamientos de belleza sin aparente valor que estaba a nombre de la farmacéutica Gloria Carrasco, la esposa del principal ejecutivo de Quirón Prevención, Fernando Camino.
Este último, que es una figura clave en el ascenso profesional de González Amador, era entonces consejero de una empresa de material sanitario ajena a Quirón, la gallega MAPE, que propició una comisión de casi 2 millones de euros para González Amador por intermediar en la venta de mascarillas en lo peor de la pandemia.
Gloria Carrasco figura como investigada junto a González Amador en este procedimiento, que ha revelado la existencia de una inspección de la Agencia Tributaria contra la esposa del principal ejecutivo de Quirón Prevención.
Esas pesquisas del Fisco sobre Carrasco han quedado paralizadas al existir una investigación judicial, que está pendiente de un informe en el que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil empezó a trabajar el pasado noviembre.
Pese a la imputación de la pareja de Ayuso por esa presunta corrupción en los negocios y las exigencias de su código ético, Quirón mantiene su relación con González Amador, que como reveló elDiario.es en diciembre, ha continuado operando en el grupo sanitario con una identidad falsa [Alberto Burnet González] a pesar del mandamiento del manual de buenas prácticas.
Ese código ético asegura: “Solo trabajamos con socios cuyos valores coincidan con nuestros principios corporativos y cuya cooperación no se haya visto influida por la corrupción”.
