Mauricio Valiente atiende a elDiario.es mientras Ceuta amanece tras una jornada en la que decenas de miles de personas, 50.000 según el Ejecutivo, cruzaron la frontera desde Marruecos. Mientras decenas de miles emprenden el camino de regreso, se multiplican las reacciones y Pedro Sánchez se desplaza a la ciudad autónoma, el director general de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) invita a hacer un análisis sereno de la situación, rechazando frontalmente los discursos que la vinculan con la reciente sentencia del Tribunal Supremo que puso fin a las devoluciones en caliente en el mar, confirmando su ilegalidad, como el que defiende el Gobierno.
El abogado insiste en que no hay una sola causa que explique el pico de llegadas, sino múltiples. Su organización pide que se atienda a todas las personas que han llegado a Ceuta en condiciones de dignidad: considera necesario que se agilicen los traslados a territorio peninsular desde la localidad y advierte de que retornar a los recién llegados sin garantías y sin atender a las necesidades de cada uno socavaría el derecho de asilo.
¿Qué lectura hace de la situación vivida en las últimas horas en Ceuta? ¿Se está movilizando CEAR de alguna manera?
CEAR tiene un trabajo ordinario en el CETI de Ceuta, llevamos el asesoramiento jurídico. Esta situación ha alterado bastante el trabajo que desarrollamos, ha desbordado todas las previsiones.
Lo vemos también con preocupación, porque es una situación muy difícil en la que hay que gestionar bien los recursos y las posibilidades legales que tiene el Estado y donde CEAR puede colaborar. Pero también desde la responsabilidad de haber atendido muchas situaciones similares: pensando en frío, son situaciones que tienen causas muy profundas, pero, en lo que a nosotros respecta, buscamos soluciones para poder atender a las personas en las mejores condiciones.
Entiendo que parte de su papel será prestar asistencia jurídica a los recién llegados.
Tenemos abogados en el centro que atienden regularmente. Nos hemos puesto a disposición del Ministerio por si fuera necesario organizar un refuerzo dentro del equipo que trabaja en el CETI. En este momento, hay una situación de total anormalidad, porque hasta que no se ordene un poco el flujo hacia el CETI y las entrevistas… Nos estamos preparando.
El Gobierno insiste en atribuir la situación a una supuesta “lectura interesada que las mafias que trafican con seres humanos han hecho de una sentencia del Tribunal Supremo”. ¿Les preocupa este foco sobre la decisión, que confirmó a principios de mes la ilegalidad de las devoluciones en caliente por mar sistemáticas durante años?
Le respondo a la vez: ni mafias ni sentencia. Esto no se sostiene en un análisis sereno con los datos que ahora mismo se tienen. Las llegadas a Ceuta estaban aumentando en lo que va de año de una manera significativa: estaban doblando la cifra del año anterior, antes de la sentencia. Por lo tanto, no hay una relación causa-efecto.
Recordemos la complejidad del análisis jurídico que contiene esa sentencia, que no tiene que ver con los rechazos en frontera, sino con la aplicación de las devoluciones por el mar. Pensar que las personas que puedan estar a la espera de cruzar la frontera hagan un análisis de esta sentencia yo creo que es algo bastante infundado.
Hay otras circunstancias que explican esta situación. Primero, en los momentos que se realiza la Operación Paso del Estrecho, siempre hay más trasiego y, por tanto, hay mayores intentos de cruzar la frontera. La Feria de Ceuta [ahora suspendida] de primeros de agosto también es un momento de afluencia de personas, a lo que se suma la mayor o menor disponibilidad de unidades policiales. Se ha producido un efecto de acumulación en los alrededores de la frontera de personas que estaban a la expectativa de intentar un trayecto migratorio. ¿Que eso esté provocado por la sentencia? Es irrisorio.
¿Y qué piensa del discurso que culpa a supuestas mafias?
Por lo que estamos viendo, son personas que compran un flotador y se tiran al mar. No tiene sentido.
Hay que tener en cuenta, y esto también explica un poco la concentración en el tiempo, que a diferencia de lo que ocurre en Canarias, esto no son personas que tienen que montarse en un cayuco. Esto es, a unos metros, una frontera terrestre, echarse al mar e intentar rodear un espigón, y eso hace que, aun con todo el riesgo, sea mucho más fácil hacerlo.
Las causas son complejas y hay muchas razones, seguramente. Pero simplificarlo con la referencia a la sentencia o a las mafias, decir que hay una relación directa causa-efecto, no tiene ningún tipo de fundamento.
Es inevitable la comparación con 2021, cuando hubo más de 12.000 entradas durante la crisis diplomática hispano-marroquí. Muchas voces apuntan a que Rabat está usando a estas personas como moneda de cambio. ¿Qué opina del rol del país vecino en este sentido?
No tenemos conocimiento fidedigno. Lo que podamos pensar no tiene la solvencia de lo que podemos decir de nuestro trabajo cotidiano. Sí podemos decir, primero, que las personas que veníamos atendiendo provienen de todo Marruecos. No vienen solo de las zonas limítrofes. Tradicionalmente, Marruecos ejerce un control muy estricto en los accesos. Con lo cual, es sorprendente que tal cantidad de personas no hayan sido detectadas, además en una época del año donde tradicionalmente se producen muchos intentos. Nos llama la atención. Puede ser una suposición, pero tampoco podemos hacer una afirmación tajante sobre esto.
Mucha gente vuelve a poner la lupa sobre las políticas de “externalización de fronteras” al vecino marroquí para gestionar los flujos migratorios.
Desde luego. La UE ha declarado a Marruecos como “país seguro”. El problema es que es un país que está ocupando un territorio ilegalmente, como es el Sáhara Occidental, contra los dictámenes de Naciones Unidas. Es un país que llevó a cabo una represión implacable contra la población bereber en el norte de Marruecos, que viola derechos humanos según acreditan numerosos informes. Y ese es el aliado que ha elegido Europa como gendarme de las migraciones.
Fiar las políticas migratorias a este tipo de estrategias es un fracaso total. Se ve en el caso español, pero también se ve en el caso de Italia, por ejemplo. En 2025, Italia, gobernando ya Meloni, tuvo el doble de llegadas por vía marítima que España. Las recetas y las declaraciones que están dando tienen que ver más con debates políticos ajenos a la gestión de las migraciones, a la realidad de una serie de instrumentos que a nuestro juicio han fracasado y que no sirven. No hay soluciones mágicas, pero las que está aplicando la Unión Europea de manera progresiva y hegemónica desde hace 30 años demuestran que son un absoluto fracaso y que no cumplen con esa finalidad que pretenden atender.
El Gobierno se ciñe a mandar un mensaje de colaboración con Marruecos. Interior anunció que se ha acordado con el país vecino “revisar e implementar medidas para la entrega, lo antes posible, de todas las personas que han entrado” de manera irregular en Ceuta. ¿En qué se puede traducir?
Hay una sentencia del Tribunal Supremo relativa a las llegadas por vía marítima, hay una disposición adicional que habla de los ‘rechazos en frontera’, lo que llamamos devoluciones en caliente, y hay un conjunto de normas que España tiene que cumplir porque es su marco normativo.
Yo creo que es más una declaración de intenciones que no varía el marco porque no lo puede hacer, otra cosa es que se modifique la ley o que se apruebe una nueva norma. Pero esto yo creo que se va a traducir por parte española en un mayor control de la frontera y en una aplicación de lo que es la ley de Extranjería. Entendemos que por ahí va la declaración del ministro. Y yo creo que estarán sondeando qué actitud real es la que está adoptando Marruecos en esta situación. Hay que ver en la práctica en qué se que se traduce esto. No sería de recibo una aplicación de devoluciones y expulsiones al margen de la ley, porque esto no sería acorde con lo que el Gobierno ha venido defendiendo en esta materia.
¿Temen algún tipo de procedimiento que acabe retornando a personas sin garantías?
Sería un error. Esperamos que no se produzca porque sería una vulneración de la ley. Ha habido situaciones similares. El Estado español tiene mecanismos que puede utilizar sin necesidad de cometer ese tipo de lo que, a nuestro juicio, serían claras ilegalidades.
¿Qué garantías deben cumplir las autoridades?
España ha recibido en lo que va de 2026 la mitad de llegadas que el año anterior. ¿Esto qué significa? Que tiene un sistema de acogida por razones humanitarias y de acogida de asilo con suficiente capacidad como para atender a las personas que están llegando dentro del marco normativo vigente.
Para ello hay que habilitar de inmediato traslados a la península. No se puede utilizar Ceuta como si fuera un gran campo de internamiento. Por los propios migrantes y por los habitantes de la ciudad.
A partir de ahí, aplicar las normas que están en vigor, los procedimientos de extranjería, de devolución, de rechazo, que se pueden aplicar lo mismo en Ceuta que en Algeciras que en cualquier otro punto de la península, y los procedimientos de asilo. Podemos estar de acuerdo o no, pero eso es la normativa vigente y en un Estado de Derecho, por muy difíciles que sean las situaciones, hay que cumplir las normas.
Todas las personas tienen que ser escuchadas, ser asistidas por un abogado y se tiene que responder a su situación. Si es un rechazo o una devolución, pues entregarla luego y ejecutarla. Si es una solicitud de asilo, pues estudiarla, aceptarla o no. Esa es la norma que rige en España.
En 2021, acabaron siendo devueltos menores en una actuación ilegal condenada por la Justicia. Pero, ¿qué pasó con los adultos? ¿Se respetaron las garantías?
En todos los casos, no. Es también una experiencia de la que hay que aprender. Estas situaciones se van a dar de forma cíclica, así que hay que establecer una normativa y una serie de respuestas que se puedan aplicar ante este tipo de situaciones que se van a volver a producir.
Otras voces recuerdan que el pico de llegada vuelve a poner de manifiesto una situación estructural de los recursos de acogida de la ciudad autónoma.
Hay que ver los recursos de acogida de manera global. La ciudad cuenta con el CETI, que tiene más de 500 plazas, o sea que es un número suficiente, lo mismo que la ciudad de Melilla. Hay que gestionarlo de manera más ágil y contemplar el conjunto de recursos de acogida que hay en toda España. Y ese es el enfoque adecuado.
Ahora mismo hay plazas libres, hay posibilidad de acogida, ha bajado el número de llegadas, no estamos en una situación de desborde. Hay una situación muy difícil en Ceuta, pero no así en Canarias, y hay capacidad de acogida. Por lo tanto, yo no lo enfoco tanto como falta de recursos en la ciudad, sino de la agilidad en la gestión del conjunto del sistema y puesta en marcha de traslados a la península.
Los traslados no son siempre precisamente ágiles.
De esa experiencia hay que aprender. En Canarias, al final se optó por una política de traslados a la península que permitió sortear una situación muy difícil en colaboración con las autoridades canarias y con el conjunto de organizaciones que intervenimos. Evidentemente, hay que hacerlo dentro de un marco, pero ya hay experiencia y un trabajo que se podría hacer perfectamente.
¿Le preocupa que la extrema derecha y la derecha instrumentalicen la situación y se propague un discurso estigmatizador y deshumanizante? El PP, por ejemplo, ha propuesto modificar la ley para permitir las devoluciones en caliente también por vía marítima.
Los excesos en las declaraciones están generando un clima artificial. Y en estas situaciones, lo mejor y lo responsable es abordarlo con tranquilidad, sabiendo que esto es un proceso que se da en todo el mundo, que hay que abordarlo también desde la seguridad de que España es un país que tiene recursos suficientes para afrontar este tipo de situaciones. Que habrá momentos de mayor dificultad, pero las puede abordar.
Lamentablemente, el avance de la xenofobia ya es una realidad y lo tenemos que confrontar. Pero a mí lo que me preocupa también es la inestabilidad democrática que suponen algunas declaraciones, que van más allá de la xenofobia y que están poniendo en cuestión la legitimidad de las actuaciones del conjunto de las instituciones. Al final la inmigración es una excusa para otro tipo de estrategias que, desde luego, no parece que vayan a un abordamiento razonable de los problemas, de las cuestiones que surjan en la vida real.
Organizaciones especializadas como la suya suelen insistir en que la falta de vías legales y seguras de llegada es el telón de fondo de situaciones como esta.
No son soluciones mágicas, pero es una contribución para ordenar este tipo de situaciones y también para evitar las muertes como las que se han producido, que es lo más dramático de todo. Pensemos que, hasta la pandemia, se podía entrar durante el día a trabajar desde las zonas limítrofes a la ciudad. Esto se cortó en seco y generó también una situación bastante conflictiva y extraña en esas zonas de Marruecos, que también es otro de los factores, uno más dentro de muchos, que ha contribuido a que se dé en este momento una explosión de este tipo.
Yo creo que normalizar estas vías legales y seguras y asumir que al final es la realidad social y económica la que regula en último término las migraciones es lo que nos puede permitir abordar estas situaciones, incluso las más difíciles, desde un enfoque constructivo.
