SanJuana Martínez
Periódico La Jornada
Domingo 23 de agosto de 2026, p. 9
“No sabemos cómo aplicar la ley Olimpia, no tenemos experiencia”, dijo un agente del Ministerio Público de Mérida, Yucatán, a Paloma Angélica Sarabia Lugo, luego de presentar una denuncia por violencia digital contra ella y su hija menor de edad, solicitando la aplicación de dicha legislación aprobada desde el 27 de octubre de 2022.
Yucatán no es el único estado que no aplica la ley Olimpia vigente en las 32 entidades federativas para castigar el compartir, publicar, distribuir o divulgar fotografías, videos o audios de contenido sexual sin consentimiento. Según las estadísticas, desde su aprobación, sólo se han registrado ocho sentencias condenatorias en el país contra la exposición de la intimidad sexual mediante tecnologías de la información, mientras las denuncias por violencia digital aumentan y siguen dañando principalmente a las mujeres.
El caso de Paloma Angélica es paradigmático. La Jornada ha tenido acceso al expediente judicial. Su hija de apenas año y medio sufrió abusos por parte de su padre, Gabriel Alejandro Ku Chi, detenido por abuso sexual equiparado agravado el 17 de junio de 2024 con la carpeta 293/2024 y sentenciado a 23 años y cuatro meses por la jueza Yaneth del Rocío Rodríguez Tilán el 12 de septiembre de 2025 –aunque apeló y le redujeron la sentencia a 17 años con la toca penal 210/2025–.
Desde entonces, Paloma Angélica, de 48 años, y su pequeña hija, ahora de cuatro años de edad, han sufrido la embestida de la machósfera encabezada por las organizaciones “Soy papá no criminal” y “Todo por ti, AC” quienes apoyados por la madre, hermana y esposa del sentenciado, se han dedicado a divulgar información íntima del caso.
“Hasta la fecha, nos han acosado, violentado, acechado, amenazado y divulgado fotografías, imágenes, nombres y videos de las audiencias que por el carácter delicado del asunto que implica a una menor de edad, deberían ser privados. Lo más grave es que, en la agencia 29 especializada en delitos contra menores, no saben qué hacer ni como proceder con la violencia digital. Me repiten que no tienen experiencia, que no están capacitados, que no sa-ben qué es eso de la ley Olimpia”, dice Paloma Angélica en entrevista con La Jornada.
Angustiada por la campaña de difamación, lleva un año luchando en tribunales para acceder a la justicia con las carpetas por el delito de violencia digital: FGE/NNA71601/2025 de su hija y FGE/NORTE/UNADAT/5613/2025 de ella: “Este tipo de violencia en Yucatán es un delito impune. Hay una impunidad institucional. Nos siguen violentando y continúa el acoso vía digital, de la madre, hermana y esposa del sentenciado; incluso desde la cárcel, nos siguen violentando”.
Terrores nocturnos
Paloma Angélica cuenta que inició una relación de pareja con Gabriel Alejandro cuando tenía 37 años y él 23, es decir, con una diferencia de edad de 14 años. Aceptó su solicitud de amistad en Facebook: “Él es un depredador en redes sociales, en búsqueda siempre de sus víctimas. Era un muchacho de origen humilde, estudiante mediocre de la carrera de comunicación. Me enganchó con poner un negocio de renta de trajes. Vendí una propiedad e invertí, de ahí ya comenzamos a vivir juntos en 2015 y tuvimos a mi hija el 15 octubre de 2016, cuando yo tenía 38”.
Relata que su mamá enfermó y tenía que cuidarla por la noche, por lo que su entonces pareja se quedaba durmiendo con la niña: “Yo tenía la casa llena de cámaras y él no dejó que pusiera una para vigilar a mi hija, decía que nos iban a hackear y que violarían nuestra privacidad. Mi niña comenzó a llorar muchísimo y a estar siempre aterrorizada, a tener sueño ligero, pesadillas y terrores nocturnos; yo pensaba que era porque tenía un año cuatro meses y tenía mucha necesidad de mamá”.
Finalmente, sin sospechar nada, en el mes de mayo de 2021, Paloma Angélica decide separarse porque además de tener problemas de pareja, descubrió que él le robaba dinero de sus tarjetas, de su efectivo y le quitaba 50 por ciento de lo que ganaba vendiendo en una inmobiliaria. La pareja acordó que él conviviera con su hija durante el día y que la regresara por la noche:
“Se la llevaba a casa de la abuela. Fue entonces cuando comenzó mi niña de un año y 8 meses a presentar lesiones en su vulva, infecciones, y a estar siempre lastimada de sus partes íntimas. Decía el pediatra que era el jabón, el baño de tina, el suavizante, el cloro. De 2018 a 2021 fueron constantes idas y vueltas al pediatra. Los primeros seis meses de 2021 la llevé con una ginecóloga, luego a otro pediatra y mi hija no mejoraba”.
Paloma Angélica fue atando cabos. Dos meses después de su separación, descubrió las infidelidades de su ex pareja. Recuerda que los últimos seis meses había visto a tres ginecólogos y el tercero la envió a hacerse estudios de ITS (infecciones de transmisión sexual): “Salieron cuatro positivos. Afortunadamente con el tratamiento de antibióticos quedé bien. Entre mi enojo y decepción, volteo a ver a mi hija y me llega esa duda: ella, como yo, constantemente tenía que ser llevada al doctor por el mismo tema. El ginecólogo le mandó a hacer el mismo estudio y mi hija salió positiva. El médico dijo: “No es normal que una menor tenga ITS, normalmente se da en adolescentes o mujeres con vida sexual activa”.
▲ Gabriel Alejandro Ku Chi, sentenciado por abuso sexual agravado contra su hija y operador de la campaña de violencia digital de la machósfera contra su ex pareja denunciante.Foto La Jornada
Preocupada, Paloma decidió pasar un tiempo con su familia de Sinaloa y fue ahí donde tomó la decisión de atender a la pequeña: “En una asociación civil de mujeres, el CIAM, me ayudaron en lo legal y sicológico. Aún no creía que él pudiese haberle hecho algo así a mi hija. Me otorgaron la guardia y custodia mientras averiguaban por qué razón una menor tenía ITS, y fue cuando el juez me mandó a denunciar”.
Depredador sexual
Al denunciar penalmente lo sucedido el 17 de diciembre de 2021, la niña finalmente habló y contó lo que le hacía su papá: “No daba crédito de lo que escuchaba. En verdad creí que era una pesadilla. Entré en shock. Detalla que estando en casa de la abuela paterna pasó el abuso y ella se lo dijo a la abuela materna. La madre de mi ex lo regañó, pero él continuó violentando sexualmente a mi hija. Es algo que no se le olvida; ella dice: mi abuela no hizo nada. Se comía las uñas, se arrancaba el cabello, se hacía pipí, las infecciones… Hay muchas pruebas, exámenes, informes, testigos, especialistas. Estamos hablando de un depredador sexual”.
Finalmente, el 17 de junio de 2024 fue vinculado a proceso por abuso sexual equiparado agravado con la carpeta 192/2024. El juicio inició el 19 de agosto de 2025 y la niña ofreció su testimonio en el juzgado, en la Sala de Audiencias para Personas en Condición de Vulnerabilidad (Sapcov).
Como otras mujeres que denuncian a los agresores, Paloma Angélica enfrentó denuncias interpuestas por su ex pareja, basadas en hechos falsos, un juicio de perdida de guardia y custodia y varios amparos: “Ha sido muy revictimizante para todos. Muy complicado. Tratamos de sanar, pero luego empezó la violencia digital y no ha terminado”.
Venganza de parientes
En venganza, la machósfera encabezada esta vez por los parientes y amigos del sentenciado y sus asociaciones civiles, protestaron afuera del palacio de gobierno en el centro de Mérida para exhibir fotografías de la víctima.
“No respetan el interés superior de la menor. Ellos y todo el grupo de gente que trabaja para hacer viral en las redes sociales esto, actúan de manera ilegal exhibiendo videos, datos, nombres, rostros, y destruyendo la privacidad de la víctima. Están usando a mi niña como arma de guerra para justificar un delito que no tiene nombre.”
En esta red de violencia digital de la machósfera en apoyo al sentenciado Gabriel Alejandro, se encuentra su actual esposa, Jennifer Sansores Leal; su madre, Marlene Chi Nájera; su tía, Nancy Chi; sus hermanos Ricardo y Ary Ku, y su cuñada Fátima Durán Suárez, así como Alejandra Espinosa Núñez, operadora de las cuentas “La Vida Bella”, “Ale Solís”, “Dulce Vita Vera Cruz RL”, “Red Igualitaria MX”, Salim Marrufo Alam, quien dirige la asociación de la machósfera “Todoporti”, “No más niños huérfanos de padres vivos”, y Johnny Oliver Quintal.
Marlene Chi Nájera declaró: “Mi hijo es inocente y fue sentenciado por una denuncia falsa. Todas las pruebas a su favor la jueza se las pasó por donde ya saben. No valieron. Mi hijo, siendo inocente, está condenado por la denuncia de una mujer que no aceptó que la hayan dejado; sólo por despecho metió a mi hijo a la cárcel. Todo es un complot”.
En los perfiles de Facebook exhiben la foto de la niña con su papá y difaman a su mamá, particularmente en las páginas: “Marlene Chi Najera”, “Ary Ku”, “Nancy Chi”, “Cero tolerancia a madres obstructoras”, “Vicko Francisco Batún Solís”, “Falsas denuncias Yucatán”, “Vicka Jaimita Día”, “Tic Tac”, “Verdades crudas”, “Sarai Estrella Pacheco”, “Ave Fénix”, “Jennifer Sansores Leal”, “Katia Zamora Alex Ku Chi”, “Fátima Durán Suárez”, “Chivo Expiatorio de Yucatán”, “Vicko Francisco García Batún, alias Gerardo García”, “Carmen Cortillo” y “Justicia Divina”, entre otros.
Los ataques digitales no son sólo contra la víctima y su madre, sino también contra la jueza, las sicólogas que dictaminaron el daño de la menor y los magistrados: “En la fiscalía me dijeron que están en pañales en torno a la ley Olimpia, que no saben cómo hacerlo. Lo peor es que hay una fiscalía para la atención de delitos contra niños y se excusen diciendo que estos crímenes son libertad de expresión” menciona Paloma, quien sabe que el camino que tiene por delante es largo y complejo, pero piensa seguir exigiendo justicia restaurativa.
Añade que ya perdió parte de su patrimonio solventando estos juicios y pagando la atención sicológica que requiere su hija: “No piensan que al ponerme tanto desprestigio también dejan sin recursos a mi hija, yo soy su único sostén. Exijo una investigación penal, que encuentren a las personas que siguen violentándonos, que Yucatán sea ejemplo y que no sea omiso”.
