Las cajitas de plástico con teclas numéricas colgadas a lado y lado del portal de la calle Santa Ana avisan de que hay pisos turísticos en lo que antes eran bajos comerciales. También lo son la mayoría de pisos del bloque del barrio de La Latina de Madrid, donde vive Paquita, de 82 años, que se enfrenta este miércoles a las 10 y media a un desahucio contra el que el Sindicato de Inquilinas y la Asociación de Vecinos la Chispera han convocado una concentración. Ella, que ha seguido pagando más de 1.000 euros de alquiler y aunque lo que querría es quedarse en la casa donde lleva viviendo desde hace 28 años con su hijo que ahora tiene 47, pide al menos tiempo para poder buscar adónde mudarse. “¿Adónde me voy a ir con unas semanas de aviso?”.
“Todos los que me conocen me han dicho que van a venir”, dice Paquita entre temblores por el párkinson que sufre desde hace dos años esperando una gran movilización vecinal. Paquita y su hijo, transportista, no son una familia vulnerable, tienen ingresos de 3.000 euros al mes y estarían dispuestos incluso a aumentar los 1.150 euros de alquiler que pagan desde hace 28 años. Pero los dueños, la empresa Tolesanta SL, que tiene varios pisos turísticos, no le han dado alternativa. “Por aquí no ha venido nadie ni me han dicho por qué quieren que me vaya”, dice Paquita. “Si quieren que pague más, podríamos hablar”, asume.
Ya en 2023 un juez dictaminó que tenía que abandonar la casa, pero siguió pagando el alquiler a los juzgados asesorada por su abogado para mantenerse en ella hasta que hubiera orden de desahucio. Hace algo más de un año, la empresa volvió a admitir los pagos directamente. “Cuando eso pasó, me quedé más tranquila, el abogado me dijo que si la empresa admite el pago, es que no me quieren echar”, cuenta.
Pero hace unos días, la situación dio un giro con una orden judicial que pedía el desahucio. Aunque fue emitida el 2 de julio, a Paquita le llegó días más tarde, insuficiente para buscar piso. “Además, que cuesta mucho”, advierte la mujer ante un mercado con poca oferta y aún menos a precios asumibles.
Tolesanta tiene otra decena de pisos turísticos en el número 77 de la calle Toledo, que un juez obligó a cerrar hace unas semanas por los ruidos y molestias que ocasionan en vecinos, tal y como publicó elDiario.es. Tuvieron que indemnizar además con 34.000 euros a algunos vecinos. Pocos días después de la sentencia, el juez envía el auto para echar a Paquita. Propiedad de Alexander Couret, la empresa facturó 1,4 millones en 2024.
Entrar en el piso de Paquita es como tomar un túnel del tiempo al pasado. La enciclopedia del Real Madrid con pequeñas réplicas de sus copas y el coleccionable del Quijote remiten al menos a los 90 y la falta de aire acondicionado también, aunque en este caso con el problema que supone para la climatización de un piso con una persona de edad avanzada. El mantenimiento por parte de los propietarios, en general, brilla por su ausencia, como demuestra una persiana medio torcida y unas oscuras humedades en el techo del pasillo y el del baño.
“Me estuvo saliendo agua del vecino de arriba por la pared durante días y ahora parece que se vuelve a filtrar. Cuando he tenido algún problema, he llamado al fontanero y lo he pagado yo. Los dueños no han movido un dedo por el mantenimiento”, lamenta.
Toda una vida en el barrio
Paquita llegó con 15 años al barrio de La Latina acompañada de su madre, viuda, que se puso a trabajar de portera. Ella entró en una perfumería hasta que se casó y vivió en un par de pisos más del barrio antes de llegar al que está ahora. “Esta es nuestra casa de toda la vida, aquí han muerto mi madre y mi marido, esto es muy duro. Que me digan que les pague algo más y lo pactamos, pero que no nos echen después de toda una vida. No hay derecho”, dice a punto de llorar.
Su mensaje en contra de la especulación es contundente: “Si alguien quiere ganar más dinero, que se vaya a un hotel, pero que deje la vivienda a las personas que lo necesitan. La ley está muy mal hecha si permite echar de casa a alguien para ganar más. Pero ganar más es ganar menos, porque no creo que Dios les dé mucha salud”, reflexiona con recado religioso.
Pese a la reciente noticia del desahucio, Paquita disfrutó de la final del Mundial “con muchos nervios”. “Cuando he tenido momentos de alivio, sin dejar de pensar, lo he ido llevando bien. Y si no, con mis sopas de letras también desconecto”, cuenta. Y resume la contradicción de la euforia nacional por la selección y el drama de la vivienda: “Sí, España muy bien. Pero por otro lado, España muy mal”.
El cartel para luchar contra el desahucio este miércoles está en el gimnasio de boxeo delante del edificio, en la escuela de Aikido de al lado y en la frutería ecológica a pocos metros, uno de los pocos negocios que sobrevive desde hace años porque Teresa, que lo regentaba y ahora está jubilada, es propietaria.
“La mitad de familias que eran clientas se han ido”, cuenta Teresa, que también ha visto desaparecer comercios como la tienda de cerámica, “era preciosa”, que estaba al lado de la casa de Paquita. “Qué triste, pobrecita”, dice Cesarina, trabajadora de la frutería, al comentar la amenaza de expulsión de su vecina.
“Hace años que lo viene diciendo, que la van a echar, que la van a echar, que la vienen presionando. Aquí todo el mundo la conoce, es querida, y ha vivido allí con su marido, con su madre, con sus hijos…”, recuerda Teresa.
Del bloque de Paquita sale una familia de turistas y pregunta por alguna dirección. Emprenden la marcha, ajenos a que en el mismo bloque donde pasan las vacaciones este miércoles pueden echar a una vecina de 82 años.
