▲ Luego de ejecuciones dentro del Hospital General Dr. Bernardo J. Gastélum de IMSS-Bienestar, se habilitó una zona exclusiva para atender a los heridos por armas de fuego. n Fotos Jorge Ángel Pablo GarcíaFoto Jorge Ángel Pablo García
Ángeles Cruz Martínez
Enviada
Periódico La Jornada
Lunes 18 de mayo de 2026, p. 10
Culiacán, Sin., La violencia e inseguridad que se apoderaron de esta ciudad desde 2024 siguen siendo evidentes. Prácticamente a diario, personas pierden la vida por agresiones con arma de fuego; negocios y casas son incendiados en cualquier zona y a cualquier hora, en una situación que ya parece normal y que ha llegado, incluso, a los servicios de salud. Integrantes del crimen organizado han entrado a rematar a pacientes que sobrevivieron a un atentado. Eso ocurrió en tres ocasiones en el Hospital General Dr. Bernardo J. Gastélum de IMSS-Bienestar.
Pasó dos veces en la antigua sede del nosocomio y una más en el nuevo inmueble que ocupa desde marzo de 2025. En agosto pasado ingresó un herido de bala y, mientras era revisado y se encontraba rodeado de médicos y personal de enfermería, entró un sujeto que le disparó y le quitó la vida. El agresor burló la vigilancia del Ejército y la Guardia Nacional.
En ese momento hubo protestas de los trabajadores, quienes exigieron medidas de seguridad para ellos, los pacientes y sus familiares. “Fue una situación muy difícil, fulminante”, recordó Jesús Ramón Figueroa Vega, director del nosocomio, quien explicó las acciones que se tomaron.
Para empezar, se realizó una reunión en la Novena Zona Militar con autoridades y fuerzas policiacas federales y estatales, así como con representantes del Poder Judicial. Ahí se diseñó el Código Plata, que consistió en designar un área exclusiva del hospital, en el segundo piso, para concentrar a los heridos por arma de fuego, sin importar si son o no derechohabientes de la seguridad social.
Empezó a funcionar en octubre pasado. Cuenta con 15 camas de internamiento y sólo tienen acceso médicos y enfermeras, mediante un sistema electrónico de reconocimiento facial y digital. “Si la cámara no me reconoce, la puerta no se abre”, explicó Arturo Rivera, jefe de Vigilancia Hospitalaria.
A través del vidrio que abarca el ancho del pasillo, de piso a techo, sólo se observa a los miembros del Ejército, la Guardia Nacional y los Harfuch –como conocen aquí a los elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana–, quienes, armas en mano, se mantienen atentos al movimiento dentro y fuera de esa área.
Los martes se reúnen en la sala de juntas del hospital representantes de los sectores para comentar las incidencias y, en su caso, tomar las medidas necesarias. El objetivo es garantizar al cien por ciento la seguridad de todos y la continuidad de los servicios, afirmó Figueroa.
El Hospital General es de alta especialidad. Ahí trabajan mil 600 personas, de las cuales 500 son médicos y, de éstos, la mayoría son especialistas que brindan atención en más de 30 especialidades y subespecialidades clínicas. Al año se brindan alrededor de 100 mil consultas y se realizan 6 mil cirugías.
Desde que ocurrió el secuestro y entrega a Estados Unidos de Ismael El Mayo Zambada, en julio de 2024, la violencia se intensificó en el estado y, de manera particular, en Culiacán. Figueroa comentó que todo el tiempo han ingresado al hospital heridos de bala y por arma blanca, pero los casos aumentaron a partir de septiembre de ese año.
Desde entonces, en el Hospital General se encuentran entre 10 y 12 personas internadas. “A todas las atendemos, sin importar de quién se trate. Es nuestra responsabilidad”.
Entre las disposiciones del Código Plata está que las visitas de familiares a los lesionados se realizan únicamente a través de un cristal, ya que no hay puerta de entrada al área exclusiva. Las visitas se permiten una vez a la semana y sólo pueden ingresar parientes directos.
Además, dentro del área cerrada se instalaron 15 cámaras de videovigilancia conectadas al Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4) del estado.
Afuera del Hospital General hay un campamento permanente de vigilancia, con elementos militares y policiales apostados en los diferentes accesos. Para la gente, esta presencia es parte de la “normalidad”, pues en las calles conviven con retenes y patrullas con personal que porta armas largas y circula por la ciudad a toda hora del día y la noche. Aun así, la violencia no cesa.
