▲ Los costos de protección pública y privada son parte del estudio del Índice de Paz.Foto Víctor Camacho
Dora Villanueva
Periódico La Jornada
Miércoles 20 de mayo de 2026, p. 14
México tuvo el año pasado su mejora más significativa en el Índice de Paz desde que comenzó a elaborarse en 2013; sin embargo, el peso de la violencia sigue siendo tal que costó un promedio de 30 mil 36 pesos por persona en 2025, casi el doble del salario mensual promedio en el país, exhibió el Instituto para la Economía y la Paz (IEP).
Aunque en términos generales se registra un avance en los indicadores de paz, hay estados donde el peso de los delitos es determinante. En Sinaloa y Colima la “factura” de la violencia supera 20 por ciento del producto interno bruto (PIB) estatal, Guanajuato roza también esa proporción, mientras en Guerrero y Morelos representa una tercera parte de lo que genera la economía, de acuerdo con el estudio.
El IEP, elaborado por un grupo independiente de expertos con sede en Sídney, Nueva York, La Haya, Abuja, Nairobi y Manila, sostiene que el Índice de Paz para México mejoró 5.1 por ciento durante el último año, su mayor avance desde que se levanta la medición, y en buena medida se debió a la reducción de 22.7 por ciento en el número de homicidios, que al final representan una baja aproximada de 7 mil homicidios respecto a los reportados en 2024.
“El año pasado marcó el sexto año consecutivo en el que la paz mejoró en México, después de fuertes deterioros entre 2015 y 2019. Como resultado, los niveles de paz están ahora cerca de volver a los observados a mediados de la década de 2010”, reportó. No obstante, aunque se llegara a esos niveles de 10 años atrás, no sería una situación ideal, explicaron especialistas, durante la presentación del análisis.
El instituto estima el costo de la violencia con base en un agregado del impacto económico derivado de los homicidios, de otros delitos violentos, de la percepción de violencia –que reporta uno de los sondeos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía–, los costos de protección, así como del gasto público en fuerzas militares, seguridad nacional, seguridad pública y en el sistema de justicia y reclusión.
Con una reducción en algunos indicadores delictivos, sobre todo en el de homicidios, el IEP estima que el impacto económico de la violencia pasó de 4 billones 519 mil millones pesos en 2024 a 4 billones 5 mil millones de pesos en 2025, una reducción de 11.4 por ciento, la mayor desde que se realiza el cálculo.
Sin embargo, cuando se ven estos indicadores a lo largo de una década, de 2015 a 2025, el costo total de la violencia ha aumentado 19 por ciento, equivalente a 639 mil millones de pesos. El gasto en seguridad pública cayó 31.8 por ciento, mientras el del sistema de justicia disminuyó 8.4 por ciento, detalla el informe.
Índice en algunos estados
El reporte también revela las disparidades regionales. Colima fue el estado donde la violencia tuvo un mayor costo per cápita el año pasado, con 70 mil 123 pesos anuales. Siguen Sinaloa y Guanajuato, con costos estimados de 52 mil 83 y 45 mil 678 pesos, respectivamente. El contraste fue Yucatán, donde se ubicó en 10 mil 785 pesos.
El año pasado, la paz mejoró en 22 estados, mientras se deterioró en 10. Yucatán se mantuvo como el estado más pacífico por noveno año consecutivo, seguido de Chiapas, Tlaxcala, Durango y Campeche.
Colima es el estado más violento del país por cuarto año seguido, con 74.1 muertes por cada 100 mil habitantes. En segundo sitio está Sinaloa, que, al ser el epicentro de la violencia letal entre facciones del cártel de esa entidad desde finales de 2024, reportó un crecimiento en las tasas de homicidio y delitos cometidos con armas de fuego. Guanajuato, Morelos y Baja California ocupan el tercero, cuarto y quinto lugares, respectivamente, como los estados más violentos.
Empezó con Calderón
“Nuestra gran crisis empieza con (Felipe) Calderón”, apuntó la politóloga Ana Laura Magaloni, durante la presentación del informe. La “fuerza pública sin diques” para replegar a los cárteles del crimen organizado no se dio a la par de una mejora en el sistema de procuración de justicia. En el sexenio de Enrique Peña Nieto siguió una inercia similar y fue Andrés Manuel López Obrador quien identificó que este exceso de la fuerza militar en las calles era un problema. No obstante, ese repliegue del Ejército también “tuvo costos”, entre ellos una expansión de la presencia de las organizaciones criminales en las calles, detalló la académica.
De acuerdo con Magaloni y Michael Collins, director ejecutivo para las Américas del IEP, se observa un cambio en la estrategia de la actual administración, que consiste en detener y encarcelar a los generadores de violencia.
Por lo anterior, desde el año pasado se registró un marcado aumento en el número de personas recluidas o detenidas en todo el país, más de 20 mil, lo que a diciembre de 2025 se tradujo en una población penitenciaria que superó 256 mil personas, la cifra más alta de cierre de año jamás registrada.
“Si bien estos cambios parecen haber contribuido a reducciones de corto plazo en los delitos de alto impacto, su efectividad a largo plazo dependerá de la capacidad del sistema judicial, el respeto al debido proceso y el fortalecimiento institucional en general”, apunta el IEP.
Collins señaló que si bien se ha registrado una reducción de delitos, empezar a cambiar la percepción de inseguridad en el país tardará bastante tiempo y hay fenómenos, como las desapariciones, que abonan al sentimiento de violencia. “La percepción de inseguridad en México es muy alta y dudo que esto vaya a cambiar de un día para otro, es una cosa de décadas. Existe una memoria histórica de la hostilidad y sobre todo cuando hay crímenes tan severos. Esto es algo que va a tardar”, subrayó.
