▲ La economista del University College London asegura que la prosperidad de la gente no sólo debe ser un eslogan.Foto Jorge Ángel Pablo García
Dora Villanueva
Periódico La Jornada
Jueves 16 de julio de 2026, p. 17
El crecimiento, el desarrollo, la sostenibilidad, la prosperidad compartida y un cúmulo de conceptos alrededor del quehacer de los gobiernos pueden quedarse en meras frases publicitarias si no se aterrizan en políticas públicas concretas que tengan como brújula el bien común, destaca Mariana Mazzucato, una de las voces que más resuenan a escala global por criticar y replantear el rol del Estado frente a los mercados.
Desde el año pasado, la profesora del University College London encabeza una alianza del Instituto para la Innovación y el Propósito Público (IIPP), de esa misma universidad, con el gobierno mexicano. El eje que articula esta colaboración es apoyar el diseño y aplicación de una agenda económica que pasa por el Plan México para una estrategia industrial verde, el Plan Nacional del Agua y el desarrollo regional por medio de los polos de bienestar.
En entrevista con La Jornada, la especialista en economía de la innovación y autora de varios libros subraya que el objetivo de esta colaboración es “ayudar a que el Plan México sea lo más transformador posible”, promover políticas públicas que sean diseñadas como misiones cuyo fin último sea resolver problemas concretos de la población en cuanto a vivienda, salud y energía; en resumidas cuentas: el bien público.
En una conversación que retoma el trabajo de la investigadora y su equipo en México y Brasil, que pasa por los planteamientos de sus obras como El Estado emprendedor: Mitos del sector público frente al privado, y los que son parte de La economía del bien común: Una nueva brújula –que se publicará en español en septiembre–, y que llega al “problema de la austeridad” y el que simplemente “no funciona”, Mazzucato hace algunos apuntes sobre los bretes que tiene enfrente la economía mexicana para detonar la innovación.
Entre los primeros, un sector financiero “bastante concentrado”, con una estructura casi monopolista, donde tampoco la banca de inversión tiene el músculo suficiente para abrir el mercado e impulsar la inversión en innovación y desarrollo. “El hecho de que no exista un sistema bancario público adecuado, como en Brasil, también significa que los bancos privados pueden cobrar tasas excesivas al sector privado porque hay menos competencia”, explica la investigadora.
“Si en México no se tienen en cuenta estos puntos claves, si el sistema bancario no cuenta con un sector privado que invierta lo suficiente en la parte productiva de la economía, si los bancos públicos están demasiado dispersos y no trabajan de forma coordinada con el Plan de México, y si no se imponen condiciones al sector privado para que invierta e innove en áreas como el plan de agua, entonces será muy difícil alcanzar estos objetivos (de bien público).
“Y repito, no se trata de decirle a todo el mundo qué hacer; eso mataría el emprendimiento y la innovación, es la queja habitual. Se trata de un objetivo público sólido. Por lo tanto, creo que la oportunidad que ofrece el Plan de México radica en transformar estos desafíos generales, actualmente muy verticales (salud, energía, infraestructura), en misiones intersectoriales.”
El trabajo conjunto innova
Y de ahí, ya sin hablar en particular de México, el énfasis en el que se centra la académica es en cómo los estados se vinculan con los mercados y el sector privado para innovar y generar riqueza: “es imposible lograr la prosperidad compartida si seguimos teniendo gobiernos que creen que su función es sólo corregir las fallas del mercado y un sector privado que recibe subsidios”.
En este punto, Mazzucato destaca que justo diseñar políticas públicas cuyo fin sea el bien público, donde diferentes secretarías de Estado se coordinen hacia un fin, promueve una burocracia más creativa.
A la vez, el hacer partícipe al sector privado por medio de ciertas condicionalidades en los contratos y acceso a financiamiento, es otra manera de afinar la orientación de la políticas hacia un bien común.
“Poner el telos, el objetivo, en los contratos desde el principio (…) hace que el sector privado cumpla con su función con apoyo público, pero condicionado a que la inversión y la innovación sean orientadas a objetivos. Ésta es una de las maneras de aumentar no sólo la inversión productiva, sino también su orientación.
“En cuanto un Estado simplemente busca congraciarse con el sector privado y otorga contratos absurdos, se produce un perjuicio para la población, para el planeta e incluso para el crecimiento, ya que el sector privado no se ve obligado a innovar para alcanzar un objetivo público. Cuando socializamos los riesgos y privatizamos las recompensas, permitimos ganancias excesivas”, expone.
En ese sentido, desde el propio gasto de gobierno se puede asegurar que las compras públicas no sólo se centren en analizar matrices de costo y precios, sino que apuesten por los resultados de esa contratación en toda la cadena productiva que está detrás, desde que se cuente con proveedores locales hasta que existan garantías de que la fuerza de trabajo tiene condiciones y remuneraciones justas.
“La clave es que estas inversiones públicas en una estrategia industrial no se pueden limitar a decir: ‘vamos a tener un plan de infraestructura, un plan energético o un plan de salud’. Hay que diseñarlas de forma que, en última instancia, resuelvan los problemas que aquejan a la población del país.
“La condicionalidad dentro de la colaboración público-privada produce reciprocidad, mutualismo y simbiosis. En México, creo que la oportunidad reside en el Plan México, que incluye planes sobre energía, salud, vivienda e infraestructura”, apunta la autora.
En ese punto, reitera que justo asegurar el bien público requiere de una guía por parte de los gobiernos y que implica al menos cinco aspectos: propósito y direccionalidad, definir qué se quiere lograr realmente, la participación de las comunidades en el diseño de las políticas, el compartir el conocimiento para evitar su privatización, también predistribuir los beneficios, riesgos y recompensas de una política y garantizar la transparencia y rendición de cuentas.
La inacción es más cara
Si bien el diseño de las políticas es una parte de cómo mejorar la eficiencia del gasto, se consulta a Mazzucato cómo pueden avanzar las inversiones públicas en una economía como la mexicana que, dado su margen fiscal, se debaten con la austeridad.
La investigadora zanja: “el problema con la austeridad es que no funciona”, al tiempo que, subraya, las reglas fiscales deberían contemplar el costo a largo plazo de la inacción.
“Es lo que siempre han dicho los científicos del clima: el costo de la inacción es mayor que el de la acción. Por lo tanto, parte de las reglas fiscales no deberían ser ‘gastar, gastar, gastar, no preocuparse’. Eso sería absurdo. Claro que se necesitan reglas fiscales. Se trata de entender que apretarse el cinturón de forma reactiva podría costar más después”.
En general, destaca, el trabajo que se está realizando desde el IIPP “se centra en aumentar la capacidad del Estado, las capacidades dinámicas dentro de la estructura estatal para servir a la gente, porque de lo contrario, es sólo un eslogan. Es fácil tener una buena política, pero si no tienes la capacidad de implementarla, entonces estás perdido”.
